Los derechos humanos, los de la Declaración Universal aprobada en Naciones Unidas, nacen como respuesta política liberal de occidente ante los horrores sucedidos en la Europa de la segunda guerra mundial so pretexto del “imperio” del nacionalismo como política de Estado. En consecuencia, sólo hay que mirar un poco de historia para percibir que en sus orígenes, los derechos humanos se establecen para poner límites al poder; el humanismo aún no fue una corriente de cuyas luchas se conquistaran los derechos humanos. Fue una de esas tantas decisiones que se establecen de arriba para abajo, resultado del debate lúcido.

Y es que cada vez las diferencias culturales son más evidentes y hoy, descalificarlas resulta más bien una violación al derecho de ser y existir de pueblos enteros.

Sin ir muy lejos, vivimos en Puno con una mayoría de población que se sustenta en una matriz cultural andina, diferente a la occidental, y que le imprime un sentido diferente a su vida; sin embargo, cuando tenemos que intervenir en esa realidad, lo hacemos con criterios que no le corresponden; y en consecuencia, el resultado deviene casi en patológico y lo que es peor, muchas veces atenta contra la dignidad de las personas en su posibilidad de “buen vivir”.

Es el caso de Cirilo Robles, el ex alcalde de Ilave, aparentemente linchado por la población en el ejercicio de sus funciones en el 2004. Los análisis se han realizado sin haber revisado trabajos más consistentes sobre los aymaras. Ello habría permitido neutralizar ideas estereotipadas sobre ellos.

Se ha escrito mucho sobre la ausencia del Estado como responsable del problema; también se ha escrito sobre la dignidad vulnerada, que en esta situación habría tenido su chispa en la burla causada desde la formalidad del sistema: es decir, su autoridad municipal, la dejadez y no presencia permanente y oportuna del Estado y la “falta de previsión de la violencia estructural de la cultura aymara” (Espezúa 2008).

Sin embargo, pocos han utilizado criterios aymaras. Con ojos y sentir aymara se podría decir tal vez que el elemento central fue la TRAICIÓN. El alcalde fue elegido, por aymaras, por su origen y adscripción aymara; pero, los códigos que utilizó no fueron aymaras, su gestión tampoco tuvo en cuenta el ser aymara; su formación profesional lo aculturó, él pasó por la universidad, que es el aparato en donde el sistema hegemónico y la matriz cultural que lo sustenta, no andina por supuesto, forma y prepara sus cuadros de recambio, que le van a permitir reproducirse; siguió una profesionalización académica (una maestría) en Chile, lo que con seguridad hizo que terminara por asumir como propios los sentidos y lógicas de la cultura dominante; eso es lo que él demostró en su gestión municipal y en su relación con la gente que lo eligió. Muchos de nuestros profesionales lo hacen honestamente y de buena fe desde la idea que es lo mejor para los suyos; pero eso es reproducir también una mentalidad colonial, celosamente cultivada, que considera que los “otros”, los diferentes culturalmente hablando, si quieren ser mejores tienen que aculturarse. La traición para los aymaras es un delito supremo. Pueden aceptar la traición de alguien que no es aymara, pero es inaceptable de un hermano cultural.

Espezúa (2008:163) señala, defendiendo su posición de la dignidad como derecho, que “la dignidad resultaría un valor absoluto, incluso superior al valor de la vida, ya que ésta puede ceder en aras por ejemplo de la defensa de la patria, mientras que la dignidad debería actuar siempre…”

Habría que pensar por qué hacemos positiva la pena de muerte para un traidor a la patria (“comunidad imaginada”)[1] y nos parece execrable el castigo para alguien que traiciona a su “pueblo”, a su nación originaria (“comunidad histórica”). El caso Ilave tiene que ser revisado porque para los propios aymaras, el asesinato no es un tipo de condena en lo que podríamos llamar su Código penal; peor o más terrible que la muerte es la expulsión, como indeseable, de su condición de aymara. La pregunta entonces sigue, y tendría que ser ¿Quién mató a Cirilo Robles y por qué?; tal vez allí encontremos que el crimen responde a criterios más occidentales que andinos.

Así como este caso, tendríamos que re-leer, re-analizar a nuestra sociedad y su trayectoria histórica; cómo, por ejemplo, apreciamos acciones de heroísmo e inmolación en nombre de una causa (Olaya, Carrión, entre otros) que se hicieron en aras de valores impartidos por el sentido que le da su cultura. El individuo atenta contra su vida, en buena cuenta no la respeta, o la pone al servicio de los demás y recibe una valoración positiva por parte de la sociedad y del sistema. Sin embargo, cuando un indígena amerindio se inmola en un ritual que es parte fundamental de su concepción de vida y que tal vez es su contribución al “buen vivir” de los suyos y de todo lo que se le relacione, es considerado “salvaje” o se le valora negativamente.

Retomo para el caso, la propuesta de Eberhard (2002:20, 3) sobre el enfoque de su “praxis diantropológica” para el ejercicio de buscar interculturalidad sobre la base que “Compartir, que significa dar y recibir, es sólo posible a través del reconocimiento del otro. Sin reconocimiento no hay participación. Y sin participación no se pueden lograr consensos, no hay construcción de un futuro común.”

BIBLIOGRAFÍA

EBERHARD, Christoph. “Derechos humanos y diálogo intercultural”. En: CALVO GARCÍA, Manuel, Ed. Identidades culturales y derechos humanos. Madrid: Dykinson, 2002, pp. 255-289.

ESPEZÚA SALMÓN, Boris. La Protección de la Dignidad Humana: Principio y derecho constitucional exigible. Arequipa, Perú: ADRUS S.R.L, 2008. 218pp.

ESPINOSA, Oscar. “Desafíos a la ciudadanía multicultural en el Perú: El ‘mito del mestizaje’ y la cuestión indígena”. En: Nila Vigil & Roberto Zariquiey. Ciudadanías inconclusas: El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas, 2003, pp.77-89

RUBIO CARRACEDO, José. “Ética intercultural”. En: CONILL, Jesús, Ed. Glosario para una sociedad intercultural. Valencia: Bancaja, 2002, pp. 149-160.