Hablar de ciudadanía en un país tan diverso y con tantos matices  como el Perú resulta un tanto utópico y contradictorio, sobre todo si se trata de las zonas alejadas del territorio nacional, donde la presencia del estado es mínima y las formas de vida responden a una cultura propia, entendiendo cultura como “el conjunto de soluciones que un grupo humano da a los problemas planteados por la naturaleza, por el contexto social, y por las necesidades y expectativas personales, soluciones que adquieren una cierta permanencia y son transmitidos como herencia social” Marina (2002).

Tomando al concepto de ciudadanía desde el sentido estricto liberal y los agregados comunitaristas, en la cual se apela a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, Cortina (2002), que a cada individuo le corresponde y sobre todo la libertad a la autonomía  en dicho individuo, Etxeberria (2003); encontramos de cara con la realidad que dicho término resulta un tanto vago ya que en muchos sectores de la población gran parte de estos derechos no son ejercidos plenamente debido a que por un lado no son conocidos en gran parte de los sectores alejados y, por otro, porque sus condiciones económicas no les permiten hacer uso efectivo de este derecho. A la par, resulta contradictorio apelar al término de ciudadanía si éste es tomado restrictivamente  como principio de derechos individuales en un país con una gama amplia de diversidad cultural donde sus formas de organización conservan su espíritu colectivo y por ende al hablar de ellos y sus derechos tenemos que hablar de derechos colectivos adheridos a su cultura.

En zonas alejadas de nuestro suelo patrio se siente con mucho más claridad esta ausencia del término ciudadanía, tal es el caso de las zonas aymaras alpaqueras altoandinas del territorio puneño, donde por un lado reciben una educación que en nada refleja sus formas de vida y por el contrario el sistema educativo refleja un estado que propugna un Estado nación excluyendo las dinámicas propias de la cultura presente en la zona, y por otro, el bajo nivel educativo impartido les cohíbe en cierta manera hacer uso de ciertos derechos que les competen y a que menudo se les ve violentados por las políticas estatales que lejos de solucionar sus problemas básicos los ahonda recrudeciendo de esa forma el término de ciudadanía, por ejemplo citaremos las política de transvases en las zonas altoandinas de Capaso -en la cual el gobierno central da el beneplácito- con las cuales se quebranta una serie de derechos, básicamente el derecho a la vida, ya que al trasladar el agua desde las alturas a otras zonas implica romper con sistemas de vida, tal es el caso del distrito de Capaso en la provincia de Ilave, en donde los bofedales requieren del recurso hídrico lo cual es vital para su mantenimiento y evitar su desaparición lo cual afectaría seriamente no solo su sustento económico sino en el fondo su propia sobrevivencia. Dónde está entonces la defensa de la ciudadanía que el Estado debe propugnar.

En la actualidad las inclemencias del cambio climático están llevando a colapsar  dichas zonas donde las migraciones ya se están empezando a sentir. Y aunque no es motivo de análisis de este documento, cabe advertir que a la larga si el Estado prosigue con las políticas estatales donde no se toman en cuenta realidades lejanas esto llevaría a atentar contra los derechos de todos los que vivimos en las ciudades ya que en última instancia al afectar las alturas y sus formas de vida, no se tomaría en cuenta la importancia que cumplen los habitantes de esta zona y sus servicios ambientales que realizan y lo cual nos beneficia a todos, de no existir esta presencia afectaría seriamente al ecosistema lo cual traería repercusiones sobre las ciudades.

En efecto la aplicación de políticas estatales ya sean mineras o de transvases o de otra índole, se realiza –pareciera- sin pensar en las repercusiones que ésto generaría en otros sectores de la población, con lo cual el Estado no sólo se olvida de su deber de hacer respetar la ciudadanía de las personas, por el contrario como hemos visto está atentando contra los derechos fundamentales de las personas, como es el caso de las comunidades aymaras alpaqueras altoandinas. Estas comunidades se viene organizando con una estructura institucional formadas históricamente y las cuales obedecen a una normatividad semiautónoma (consuetudinaria), Guevara (2008),  que rige la vida en estas zonas altoandinas; Ilizarbe (2002) plasma la realidad campesina de manera más ilustrada cuando manifiesta que “Las comunidades constituyen no solo espacios para la organización social, sino también núcleos de administración de justicia y resguardo de la seguridad que se sustentan en sus propias formas de organización. Estas formas de organización tienen sus propios canales y formas para elegir representantes y miembros; y no están exentas de dificultades y problemas, pero gozan de altos niveles de participación… La presencia del Estado resulta débil y la propia comunidad es el referente para el orden, la seguridad y la administración de justicia. Así, suplen la ausencia del Estado con sus propios recursos sociales y culturales…”.

Podríamos decir que en las comunidades aymaras alpaqueras altoandinas existe un tipo de ciudadanía pero ésto lo vemos a nivel micro desde su propia realidad, como manifiesta Ilizarbe: “si entendemos ciudadanía como la condición de pertenencia a una comunidad política respecto de la cual se reconocen derechos y obligaciones y situamos a la comunidad política como el Estado peruano, los niveles que obtendremos serán bajísimos. Pero si planteamos que existen comunidades de referencias locales, pequeñas pero con una dinámica interna propia que sirve tanto a su desarrollo social y cultural como político y económico, entonces podríamos aceptar la hipótesis de la existencia de distintas formas y niveles de condición ciudadana”, entonces cabe preguntarnos  ¿Es en realidad este término occidental idóneo para reflejar esta realidad campesina? o en todos los casos ¿A qué tipo de ciudadanía corresponde? si desde el Estado no se reconoce estas formas de organización y los sistemas de vida inscritos en él; esta realidad viene cobrando matices distintos conforme pasa el tiempo, las formas de organización que tiene que adoptar son nuevas frente a las políticas estatales pero además a las secuelas del cambio climático que se vienen sintiendo con mayor fuerza en estas zonas.

Algo preocupante que observé en la comunidad altoandina de Tiracollo, distrito de Capaso provincia el Collao -donde existen un total de 30 jefes de familia- es la participación de los jóvenes en la reuniones comunales, diremos que la participación de los jóvenes es baja cuando el porcentaje representa el 20 %,  he cierto pero lo que agrava la situación es que si a este datos añadimos que la población juvenil en estas zonas es de 10 jóvenes en toda la comunidad, entonces vemos que el interés es casi nulo en ellos. En un entrevista a uno de los jóvenes[*] se deja sentir el desgano y la desesperanza que tiene en seguir viviendo en sus tierras debido a las condiciones poco favorables en la que se encuentran sus tierras por lo que prefiere migrar a otras ciudades: “ya no hay mucho jóvenes como de mi edad, ellos se están yendo porque ya no hay agua se está secando y no hay futuro entonces ellos se van a la ciudad… y yo ya tengo familia y tengo pensado también irme aquí él terreno ya resulta un costo, entonces quiero conseguir un trabajo por la ciudad y ya no pienso volver… aquí conversamos con los jóvenes que quedan y también piensan salir, ahora ya se siente el cambio de clima, mas calor mas frio, si volvemos será para visitar a nuestros papas..”. Los derechos de la juventud en esta parte del territorio son quebrantados desde casi todo los aspectos a esto añadamos las influencias que reciben estos jóvenes desde la ciudad donde sus formas de ver las cosas en mucho casos ya no son las mismas forma de ver que tienen los padres, lo cual se evidencia en el desinterés de los jóvenes -que quedan en la comunidad- en el involucramiento de las reuniones comunales que tienen en su localidad, entonces podemos decir que aquí la única ciudadanía que ejercen es el de obtener su documento de identidad para asistir a votaciones. Entonces la salida de los jóvenes es emigrar en busca de una mejor vida, la pregunta es: qué pasará cuando la siguiente generación de estas comunidades se hallen en las ciudades buscando otro tipo de trabajo y estas partes del territorio estén vacías, quién cumplirá la función que tienen estas poblaciones con respecto al medio ambiente, en suma que será de las vidas de estas poblaciones en estas partes del territorio, donde conforme pasa el tiempo se hacen más inhóspitas, y más difícil vivir.

En conclusión el concepto de ciudadanía en los sectores alejados del altiplano no representa lo que contiene su nombre, podemos aseverar que en estas parte del territorio estaríamos hablando de un Estado sin ciudadanía, donde los pobladores tienen que organizarse para poder sobrevivir como siempre lo han hecho, ahora en un contexto diferente enfrentando los embates del cambio climático, pero además las políticas estatales que amenazan con destruir sus formas de vida, entonces, si existe Ciudadanía en estos sectores corresponde a otro tipo de ciudadanía, tal vez, una ciudadanía que no se pueda definir con conceptos occidentales sino mas bien con conceptos consuetudinarios propias de la zona, es decir un término que responda a su realidad concreta, que se inscriba en su cosmovisión andina.

Bibliografía·

Marina, José Antonio. “Interculturalidad”. En: Conill, Jesús (ed.) “Glosario para una sociedad intercultural”; Valencia: Bancaja, 2002.

Cortina, Adela.  “Ciudadanía Intercultural”. En: Conill, Jesús (ed.) “Glosario para una sociedad intercultural”; Valencia: Bancaja, 2002.

Etxeberria, Xavier. “La ciudadanía de la interculturalidad”. En: Vigil, Nila y Roberto Zariquiey. “Ciudadanías inconclusas: el ejercicio de los derechos de sociedades asimétricas”. Lima, 2003.

Guevara Gil, Armando. “Derechos y conflictos de agua en el perú”; Lima, 2008.